Por Maribel Hastings

Mientras el gobierno de Donald Trump intensifica y amplía su maquinaria de detenciones y deportaciones, afectando incluso a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes autorizados, no pasa desapercibido el negocio lucrativo que la política migratoria federal representa para las empresas carcelarias privadas, encargadas de detener, transportar y monitorear a los perjudicados.

El diario The Wall Street Journal reportó esta semana que “el gasto del gobierno estadounidense en empresas encargadas de las deportaciones se ha disparado un 50% en los primeros cinco meses de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior”.

Favor con favor se paga

Dos de las principales empresas privadas encargadas del negocio de las detenciones y deportaciones son GEO Group y CoreCiv

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