El 30 de mayo, el Tribunal Supremo facultó a la administración Trump para revocar el estatus de protección temporal a un gran número de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Esta decisión afecta a a más de 500,000 personas que viven actualmente en Estados Unidos bajo protección legal. La decisión no fue unánime. Los jueces Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor disintieron, con el juez Jackson criticando el daño potencial a los inmigrantes cuyas vidas se enfrentan a la interrupción.

Inicialmente, el programa ofrecía una prórroga de dos años debido a problemas como la inestabilidad económica y los disturbios políticos en sus países de origen.

Sin embargo, la Administración Trump afirma que la presencia de estos migrantes no se alinea con los intereses nacionales, argumentan

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