Por fin. Cinco años después de que miles de mayores murieran en las residencias de Madrid durante la primera ola del COVID-19 sin ser trasladados a un hospital, la justicia empieza a moverse . Durante mucho tiempo, los familiares de las víctimas han chocado contra una pared judicial: querellas que no avanzaban, jueces que se negaban a ver relación entre las decisiones políticas y las muertes, y responsables que solo declaraban como testigos, nunca como investigados . Hasta ahora.

Dos jueces han decidido reabrir el caso desde otra perspectiva . Y ya hay dos altos cargos de la Comunidad de Madrid que han sido citados como investigados . Se trata de los autores de los famosos protocolos de la vergüenza enviados a las residencias entre marzo y abril de 2020. Aquellos documentos que

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