A partir del 1 de julio, los comerciantes en Puerto Rico dejarán de pagar por inspecciones que el gobierno no realice en un plazo de 90 días, como parte de una reforma al sistema de permisos que busca aliviar cargas al sector empresarial y agilizar trámites.
La medida, anunciada por la gobernadora Jennifer González, forma parte de una decena de cambios que pretenden hacer del gobierno un facilitador, no un obstáculo para hacer negocios en la Isla.
“El objetivo de esto es devolverles la paz mental a nuestros comerciantes y que puedan crecer económicamente”, resaltó la gobernadora en conferencia de prensa.
A través de una encuesta realizada a unos 880 comerciantes, trascendió que, en ocasiones, estas inspecciones se cobraban a los comerciantes, y luego no se ejercían.
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