Por ASTRID SUÁREZ

BOGOTÁ (AP) — La decisión del presidente colombiano Gustavo Petro de convocar próximamente mediante un decreto la consulta popular , en la que los ciudadanos votarían por cambios al sistema laboral, abrió el miércoles un amplio y agitado debate en el país sudamericano sobre su viabilidad legal.

La nuez del asunto es que la ley colombiana exige, como requisito previo, que el Senado se pronuncie sobre la conveniencia de convocar a una consulta popular. Los congresistas votaron 49 a 47 negando la consulta popular el 14 de mayo, pero el gobierno desconoció el resultado al considerar que se cometió “fraude” y una supuesta falla en el procedimiento de votación.

Al desconocer la votación, Petro argumentó el martes que puede expedir el decreto presidencial porque el Senado

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