Un juez federal dictaminó este miércoles que un grupo de migrantes venezolanos deportados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador debe tener la oportunidad de impugnar su expulsión, tras haber sido identificados como presuntos miembros de pandillas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por la Administración Trump.

El fallo, emitido por el juez James Boasberg , presidente del Tribunal de Distrito de EEUU, ordena al Gobierno presentar en un plazo de siete días un plan que garantice el derecho al debido proceso para los migrantes afectados. Boasberg reconoció que el caso involucra consideraciones diplomáticas y de seguridad nacional, pero subrayó que el Ejecutivo debe "ofrecer una solución que repare el daño causado", en línea con obligaciones constitucionales.

Medida

See Full Page