WASHINGTON (AP) — Kilmar Ábrego García, cuya deportación errónea a El Salvador se convirtió en un punto de fricción en las medidas de control migratorio del presidente estadounidense Donald Trump, fue devuelto a Estados Unidos el viernes para enfrentar cargos penales relacionados con lo que según el gobierno fue una amplia operación de tráfico de inmigrantes no autorizados.

Su liberación abrupta de El Salvador cierra un capítulo y abre otro en una saga que derivó en un enfrentamiento notable, de meses, entre funcionarios de Trump y los tribunales sobre una deportación que en un principio las autoridades reconocieron fue un error, pero luego continuaron defendiendo, en aparente rebeldía a las órdenes de jueces de que se facilitara su regreso a Estados Unidos.

El suceso ocurrió después de que funcionarios estadounidenses le presentaron al presidente salvadoreño Nayib Bukele una orden de arresto por cargos federales en Tennessee, en la que se acusa a Ábrego García de desempeñar un papel clave en el tráfico de inmigrantes al país a cambio de dinero. Se tiene previsto que sea enjuiciado en Estados Unidos y, si es declarado culpable, será devuelto a El Salvador —su país natal— al concluir el caso, dijeron autoridades el viernes.

“Así funciona la justicia estadounidense”, declaró la secretaria de Justicia Pam Bondi al anunciar el regreso de Ábrego García. Bondi también indicó que se dio a conocer una acusación formal por parte de un jurado investigador.

Los abogados de Ábrego García calificaron el caso de “infundado”.

“No hay manera de que un jurado vea la evidencia y esté de acuerdo en que este trabajador metalúrgico es el líder de una asociación delictuosa de la MS-13 para traficar (personas)”, indicó el abogado Simon Sandoval-Moshenberg.

La jueza federal de primera instancia Barbara Holmes en Nashville, Tennessee, determinó que Ábrego García permanecerá bajo custodia al menos hasta el próximo viernes, cuando se llevará a cabo una audiencia de acusación formal y detención.

Ábrego García compareció en la corte vistiendo una camisa blanca de manga corta con botones. Cuando se le preguntó si entendía los cargos, le dijo a la jueza en español: “Sí. Lo entiendo”. Acto seguido un intérprete tradujo sus palabras.

Demócratas y grupos defensores de los inmigrantes habían presionado para que Ábrego García fuera liberado. Incluso, varios legisladores —entre ellos el senador Chris Van Hollen de Maryland, donde Ábrego García vivió durante años— viajaron a El Salvador para visitarlo. Un juez federal había ordenado que fuese devuelto en abril, y la Corte Suprema rechazó una apelación de emergencia, pidiéndole al gobierno de Estados Unidos que hiciera lo necesario para traerlo de vuelta.

Pero la noticia de que Ábrego García —quien tenía una orden de un tribunal de inmigración que impedía su deportación a su país natal por temor a que enfrentara persecución de pandillas locales— estaba siendo traído de regreso con el propósito de ser enjuiciado consternó a sus abogados.

“Este gobierno ... en lugar de que ellos simplemente reconozcan su error, no se detendrán ante nada, e incluirán algunos de los cargos más absurdos imaginables", apuntó Sandoval-Moshenberg.

Ama Frimpong, directora jurídica del grupo CASA —un organismo activista—, indicó que la familia de Ábrego García tiene sentimientos encontrados sobre su regreso a Estados Unidos.

“Déjenlo hablar con su esposa. Déjenlo hablar con sus hijos. Esta familia ha sufrido lo suficiente”, expresó.

Sandoval-Moshenberg señaló que Ábrego García es una de las primeras personas, si no es que la primera, en ser liberada de una notoria prisión de El Salvador, aunque luego fue encarcelado en otra instalación.

“Así que va a ser muy interesante escuchar lo que tiene que decir sobre la forma en que fue tratado”, observó el abogado.

La acusación formal, presentada el mes pasado y dada a conocer el viernes, detalla una serie de alegatos que se remontan a 2016, pero que apenas están dándose a conocer ahora, casi tres meses después de que Ábrego García fuera deportado por error y tras repetidas afirmaciones del gobierno de Trump de que es un delincuente.

Lo acusa de traficar por todo Estados Unidos a miles de personas que viven en el país ilegalmente —incluidos miembros de la violenta pandilla MS-13— desde Centroamérica, y de abusar de mujeres que transportaba. Un cómplice también alegó que él participó en el asesinato de la madre de un pandillero en El Salvador, escribieron los fiscales en documentos, en los que instan al juez a mantenerlo tras las rejas mientras aguarda a ser enjuiciado.

La acusación formal no le establece cargos en relación con ese alegato.

“Más tarde, como parte de sus procedimientos de inmigración en Estados Unidos, el acusado afirmó que no podía regresar a El Salvador porque temía sufrir represalias de la pandilla de la calle 18”, indica el memorando de detención.

“Si bien es parcialmente cierto —el acusado, según la información recibida por el gobierno, temía sufrir represalias de la pandilla de la calle 18—, la razón subyacente para las represalias fueron las propias acciones del acusado al participar en el asesinato de la madre de un miembro rival de la pandilla de la calle 18", escribieron los fiscales.

Los cargos se derivan de una detención vehicular en 2022, en la que agentes de la Patrulla de Caminos de Tennessee sospecharon que Ábrego García se dedicaba al tráfico de personas. Un informe publicado en abril por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indica que ninguna de las personas en el vehículo traía equipaje, y todas dieron la misma dirección que Ábrego García.

Ábrego García nunca fue acusado de un delito, y los agentes le permitieron continuar su camino luego de advertirle que su licencia de conducir estaba vencida, según el informe del DHS. El informe señaló que viajaba de Texas a Maryland, pasando por Missouri, para llevar a personas a realizar trabajos de construcción.

En respuesta a la publicación del informe en abril, la esposa de Ábrego García indicó en un comunicado que él a veces transportaba grupos de trabajadores entre sitios de trabajo, “por lo que es completamente plausible que lo hubieran detenido mientras conducía con otras personas en el vehículo. No fue acusado de ningún delito ni citado por ninguna infracción”.

El trasfondo y la vida personal de Ábrego García han sido una fuente de cuestionamientos y hechos controvertidos. Defensores de los derechos de los inmigrantes han dicho que su arresto es emblemático de un gobierno cuya política de deportación es errática y propensa a errores, mientras que funcionarios de Trump han puesto de relieve que él ha tenido interacciones previas con la policía y han dicho que es un pandillero que encaja en el perfil de la gente que están decididos a expulsar del país.

Ábrego García vivió en Estados Unidos durante aproximadamente 14 años, durante los cuales trabajó en la construcción, se casó y estaba criando a tres hijos con discapacidades, según registros judiciales. Funcionarios del gobierno de Trump indicaron que fue deportado con base en una acusación de 2019 de la policía de Maryland, la cual afirmaba que era miembro de la pandilla MS-13. Ábrego García negó la acusación y nunca se le acusó de un delito, dijeron sus abogados.

Posteriormente un juez federal de inmigración protegió a Ábrego García de la deportación a El Salvador porque probablemente enfrentaría persecución allí por parte de pandillas locales. El gobierno de Trump lo deportó allí en marzo, y más tarde dijo que se trató de “ un error administrativo ”, pero insistió en que él era miembro de la MS -13.

Incluso si Ábrego García es declarado culpable de los cargos anunciados el viernes, el gobierno de Trump aún tendría que recurrir a un tribunal de inmigración federal si quisiera deportarlo a El Salvador, señaló Sandoval-Moshenberg. Él también prevé que el caso en Maryland continúe mientras el juez federal allí examina si el gobierno obedeció sus órdenes de traerlo de vuelta a Estados Unidos.

El regreso de Ábrego García ocurre días después de que el gobierno de Trump acató una orden judicial para devolver a Estados Unidos a un guatemalteco deportado a México, a pesar de los temores de él de ser lastimado allí. El hombre, que en documentos judiciales es identificado por las siglas O.C.G, fue la primera persona conocida en haber sido devuelta a custodia estadounidense después de ser deportada desde que comenzó el segundo mandato de Trump.

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El periodista de The Associated Press Travis Loller en Nashville, Tennessee, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.