La Fiscalía de la Audiencia Nacional insta al Ministerio de Justicia a borrar los antecedentes penales del exjuez Baltasar Garzón -que fue condenado en 2010 a once años de inhabilitación por el Tribunal Supremo (TS) por autorizar las escuchas en prisión de las conversaciones de los cabecillas de la "trama Gürtel" con sus abogados- tras su prolongado silencio a la petición del exmagistrado de aplicar el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en julio de 2021 vio vulnerado su derecho a que la condena fuese revisada por un tribunal superior.

El Ministerio Público aprecia una responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia por la vulneración de los derechos fundamentales de Garzón a la tutela judicial efectiva y a un proceso c

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