El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz ha emitido una alerta para localizar a Alberto Carlos Mejía Hernández, un sicario de 18 años de origen venezolano, que fue liberado por error en Chile. Mejía Hernández está vinculado a la megabanda criminal Tren de Aragua y es buscado por Interpol. Se sospecha que podría estar en Argentina, aunque inicialmente se pensó que había escapado a Perú.

El comunicado del Ministerio de Seguridad provincial solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a Mejía Hernández, quien es acusado del asesinato de José Felipe Reyes Ossa, un empresario conocido como el “Rey de Meiggs”. Este crimen ocurrió el 19 de junio en la comuna de Ñuñoa, Santiago, cuando Reyes Ossa fue asesinado a balazos. Además, se ha confirmado que otras dos personas están detenidas en relación con este homicidio.

Mejía Hernández, que mide 1,74 metros, tiene tez morena y un tatuaje en el dorso de su mano derecha con el rostro del dios mitológico Zeus. El Ministerio de Seguridad ha instado a cualquier persona con información sobre su paradero a comunicarse con las autoridades a través del 911.

La liberación de Mejía Hernández se produjo tras un error judicial. Inicialmente, fue arrestado bajo la identidad falsa de Osmar Alexander Ferrer Ramírez. A pesar de que el 9 de julio se dictó prisión preventiva para él y otros dos sospechosos, un día después, la jueza Irene Rodríguez firmó electrónicamente su excarcelación, lo que desató un escándalo en el sistema judicial chileno.

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ha intensificado sus esfuerzos para localizar a Mejía Hernández, quien se cree que pudo haber cruzado a Perú. Sin embargo, el Gobierno de Santa Cruz ha decidido emitir la alerta en Argentina como medida preventiva. Pedro Prodromos, ministro de Seguridad de Santa Cruz, ha afirmado que no se permitirán bandas narcotraficantes en la provincia y que se están tomando precauciones en los pasos fronterizos con Chile.

El Tren de Aragua, la organización a la que se vincula a Mejía, fue fundada en 2014 en Venezuela y ha sido catalogada como una de las estructuras delictivas más peligrosas de Sudamérica. La situación ha llevado a la apertura de una investigación sobre la posible falsificación de la resolución que permitió la liberación del sicario, lo que ha puesto en la mira al Poder Judicial y a la Gendarmería de Chile.