"Frente a la deriva extremista de PP y Vox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia", avisa el ministro de Justicia, Félix Bolaños

Abascal critica la posición de la Iglesia sobre el veto a los actos musulmanes en Jumilla: “No sé si tiene que ver con los casos de pederastia”

El Gobierno de Pedro Sánchez trata de impedir que el PP y Vox logren imponer en Jumilla (Murcia) un veto al rezo musulmán en espacios públicos. Como ya ocurrió antes con otras administraciones en temas como el derecho al aborto o las leyes de memoria, el Ejecutivo central pone en marcha su maquinaria institucional para garantizar “los principios constitucionales de libertad religiosa, igualdad y neutralidad administrativa” que, a su juicio, vulnera la moción municipal impulsada. Por eso, este lunes anunció un requerimiento al Ayuntamiento de la localidad murciana en el que insta directamente a la anulación de la medida.

“Desde el Gobierno de España, enviamos un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, para que anule la moción que impide la celebración de actos que la comunidad musulmana venía realizando desde hace años. El requerimiento se ha enviado esta mañana, con informe jurídico del ministerio de Política Territorial”, señaló el ministro Ángel Víctor Torres, que avisó de que los populares ponen en peligro un derecho constitucional. “Ante la intolerancia no hay medias tintas. PP y Vox no pueden decidir para quién sí hay libertad de culto y para quién no”.

La moción aprobada el pasado 28 de julio, que ha generado un gran revuelo y ha contado incluso con el rechazo explícito de Conferencia Episcopal, prohíbe el uso de las instalaciones municipales deportivas para actos de la comunidad musulmana de la localidad. Un paso que el Gobierno entiende que atenta “contra la libertad religiosa”. El requerimiento, coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa sí permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales y defiende que “las razones objetivas esgrimidas no se sustentan”.

Para el Ejecutivo, de hecho, “se restringe de forma arbitraria” una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana. “La verdadera intención discriminatoria del acuerdo se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas”, explica el Gobierno.

Por tanto, Moncloa considera evidente que lo ocurrido es “una nueva vulneración de derechos y libertades fundamentales por parte de gobiernos locales y autonómicos de la derecha y la ultraderecha donde tiene que intervenir el Gobierno de España en favor de la Constitución”. Y por eso advierte al PP y a Vox de que está dispuesto a recorrer la senda de un nuevo choque institucional en los tribunales. “Frente a la deriva extremista de PP y Vox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia”, avisó en sus redes el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Tras un final de curso especialmente turbulento para el Ejecutivo, la escalada antinmigración del PP en tándem con Vox le ha supuesto una oportunidad para pasar a la ofensiva. Y por eso entra al choque frontal con los de Feijóo. “Combatiremos política y jurídicamente cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria, en línea con otros países donde la ultraderecha ha ocupado posiciones de gobierno”, explican desde el Gobierno.

En rueda de prensa, la Delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, explicó que ahora el ayuntamiento tiene un mes para contestar al requerimiento del Gobierno. En el caso de que el consistorio no atienda la petición, “el próximo paso será lo que nos determinarán los servicios jurídicos y la abogacía del Estado”.

Mientras, la dirección del Partido Popular intenta sacudirse una polémica que genera debate incluso entre sus propias filas. Desde la dirección de la calle Génova aseguran defender “la libertad de culto” y expresan su “máximo respeto a todas las confesiones religiosas”, un discurso que compatibilizan con evitar criticar la moción aprobada por la propia formación en Jumilla. A pesar de que la moción llevaba en el titular el rechazo a la llamada “fiesta del cordero” y a que fue inicialmente impulsada por Vox con claras alusiones al veto islámico, el PP asegura ahora que con la redacción final “no veta absolutamente nada” porque “no se habla de confesiones”.

Sin embargo, el texto aprobado, que finalmente fue una enmienda del PP al presentado por la extrema derecha, sí utiliza términos claramente excluyentes. El primer punto habla de una supuesta “identidad” española, sin especificar a qué se refiere, y dice respetar únicamente la religión “tradicional” del país que, aunque no se concreta en la iniciativa, se refiere a la católica. Lo que pide literalmente es lo siguiente: “Instar al equipo de gobierno a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país”.

Ahora, el Ejecutivo espera una respuesta formal del Ayuntamiento de Jumilla al requerimiento presentado este lunes. En caso de que el PP decida mantener la moción en vigor, el paso previsto es un recurso que abra la vía de lo contencioso-administrativo entre el Ayuntamiento de Jumilla y el Gobierno central.