El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una acusación formal contra dos empresarios mexicanos, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, y Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, por presuntamente sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos millonarios. La acusación se centra en un esquema de sobornos que habría ocurrido entre 2019 y 2021, donde los acusados ofrecieron al menos 150,000 dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y su subsidiaria, Pemex Exploración y Producción (PEP).

Según los documentos judiciales, Rovirosa y Ávila, junto con otros cómplices, habrían entregado sobornos en forma de efectivo y artículos de lujo, incluyendo productos de marcas reconocidas como Louis Vuitton y Hublot. A cambio, estos funcionarios habrían favorecido a empresas vinculadas con Rovirosa en licitaciones, lo que resultó en contratos por un valor de al menos 2.5 millones de dólares.

Ambos empresarios enfrentan un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos adicionales por violaciones sustantivas de esta ley. Si son declarados culpables, cada uno podría enfrentar hasta cinco años de prisión por cada cargo. Rovirosa ya se ha presentado ante un juez, mientras que Ávila se encuentra prófugo.

Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de Estados Unidos, afirmó que "esta acusación debe enviar un mensaje claro de que la División Criminal no tolerará a quienes enriquecen a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo".

Además, se ha señalado que Rovirosa tiene vínculos con miembros de cárteles mexicanos, lo que añade una capa de gravedad a las acusaciones. Este caso se produce en un contexto donde el gobierno mexicano ha estado lidiando con problemas de corrupción y ha implementado nuevas estrategias para fortalecer a Pemex, que ha enfrentado crisis estructurales en su operación durante décadas.

La situación de Pemex es crítica, y la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, ha destacado la necesidad de revertir las políticas que han debilitado a la empresa estatal. En este sentido, la acusación contra Rovirosa y Ávila podría ser un indicativo de los esfuerzos por combatir la corrupción en el sector energético mexicano.