La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó de forma unánime, con 124 votos a favor, el proyecto que establece una circunstancia agravante de responsabilidad criminal para los delitos cometidos en contra de dirigentes de organizaciones comunitarias, juntas de vecinos o uniones comunales, en represalia por el ejercicio de sus funciones. La iniciativa, que modifica el Código Penal, fue despachada a segundo trámite al Senado.

La propuesta se originó en dos mociones refundidas (boletines 11948 y 12926) presentadas entre 2018 y 2019 por parlamentarios de diversas bancadas. El texto contempla que, en casos de amenazas, homicidio, mutilación o lesiones graves y menos graves, se pueda aumentar la pena en un grado cuando la víctima forme parte de una organización comunitaria funcional reconocida

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