La suerte de cientos de familias vulnerables en Bogotá podría verse afectada por un caso que va más allá de la política. Tres comedores comunitarios que hoy atienden a más de 850 personas en las localidades de Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal están en el centro de la polémica porque la corporación que los administra tiene en su junta directiva a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia y figura cercana a la política nacional.

La Corporación Sor Teresa de Calcuta opera los comedores Resurrección, Puente Colorado y San Martín de Loba, y mantiene contratos vigentes con la Secretaría de Integración Social que superan los 1.240 millones de pesos. Aunque la entidad distrital asegura que los procesos de contratación cumplieron con la ley, reconoce que, de existir una eventual condena en

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