El poder político-militar ha ejercido históricamente un control represivo sobre varios países de América Latina, utilizando la violencia de forma contraria a su función protectora. Esta dinámica ha estado acompañada de discriminación, estigmatización y prejuicios que, durante décadas, han derivado en graves vulneraciones de derechos humanos por parte del Estado, según la abogada Cruz Silva del Carpio, del Instituto de Defensa Legal (IDL).

En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, explicó que en las décadas de 1980 y 1990 se evidenció cómo militares y policías eran juzgados por tribunales militares, en procesos carentes de independencia y transparencia. Este sistema impedía que se investigaran adecuadamente las violaciones cometidas por agentes del Estado contra la población civil.

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