Las reformas electorales desde los años sesenta del siglo pasado caminaron paradójicamente la senda, por una parte, de buscar diseños electorales que permitieran a la clase política dominante mantenerse en el poder y, por el otro, la de la ampliación de derechos, establecer reglas de equidad y la construcción de instituciones electorales imparciales.

Lo que no ha cambiado es la lógica de darle continuidad a un grupo en el ejercicio del poder, presente en todas las reformas anteriores. En el pasado lo que impulsó la ampliación de derechos de ciudadanos y partidos fue la presencia de una oposición vigorosa, ideológicamente y, las expresiones de inconformidad social.

La coyuntura actual tiene un ingrediente que nunca se había presentado en el pasado: una coalición, con un partido predominan

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