El Compliance en las Administraciones Públicas no es un concepto meramente técnico, sino una política de Estado que responde a la necesidad de blindar la gestión pública contra los riesgos legales, éticos y reputacionales que históricamente han afectado a la confianza en las instituciones. Y ello lo convierte en un concepto que es mucho más que un mecanismo de control normativo; se ha convertido en una pieza clave para fortalecer la gobernanza, la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones. Su función principal es asegurar que todas las actuaciones de los organismos públicos se realicen dentro de un marco de legalidad estricto, minimizando el riesgo de corrupción, abuso de poder o prácticas irregulares. Esto implica no solo el cumplimiento de las leyes, sino también la ado

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