El gobierno federal, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha decidido devolver a Petróleos Mexicanos (Pemex) la responsabilidad de la distribución de combustibles. Sin embargo, la empresa estatal ha enfrentado serias dificultades en la gestión del suministro de gasolina y diésel en México. En 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó una evaluación de la estrategia implementada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de una crisis de desabasto de combustible provocada por el combate al huachicol.

La auditoría, identificada como 2019-6-90T9N-07-0412-2020, reveló que tras la puesta en marcha del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, el gobierno reconoció la necesidad de transporte adicional de combustible. Esto se debió a un desajuste en el abasto, que no pudo satisfacer la creciente demanda de la población. A pesar de que se anunciaron la compra de 671 pipas en Estados Unidos y la contratación de choferes, la ASF advirtió sobre problemas logísticos graves que afectaron la distribución y el suministro constante de combustible.

En 2021, la ASF publicó los resultados de su fiscalización, señalando que la gestión de Pemex no fue eficaz ni eficiente para abordar el desabasto. La auditoría indicó que Pemex Corporativo y Pemex Logística no llevaron a cabo una adecuada gestión administrativa, lo que limitó la garantía de las mejores condiciones en precio, calidad y oportunidad. A pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encargó de la operación de las pipas, la gestión de Pemex fue deficiente, lo que resultó en una cobertura marginal de abastecimiento.

La ASF recomendó al gobierno federal mejorar la planificación a largo plazo y la gestión de riesgos de Pemex, así como fortalecer la logística de distribución de petrolíferos. Sin embargo, estas recomendaciones no fueron implementadas adecuadamente, lo que llevó a una segunda crisis de desabasto que afectó a varios estados, incluyendo Chiapas y Nuevo León.

La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) atribuyó la falta de logística en la distribución de transporte como la causa de los retrasos en el abasto. La presidenta Sheinbaum reconoció que existían problemas con los contratos de los piperos. En 2019, de una convocatoria para contratar a 2,000 operadores de pipas, solo se firmaron 1,671 contratos temporales, lo que generó incertidumbre sobre la situación laboral de los choferes.

A pesar de las afirmaciones de Pemex de que el abasto se había regularizado, continuaron las denuncias de desabasto en redes sociales. En Chiapas, se reportó que en 22 municipios se limitó la venta de gasolina a 20 litros por cliente. En Nuevo León, 42 estaciones de servicio enfrentaron problemas de abastecimiento, y en la Ciudad de México, varias gasolinerías permanecieron cerradas.

El 18 de agosto de 2025, Pemex y la Secretaría de Energía aseguraron que el suministro de combustibles estaba garantizado. En un comunicado, afirmaron que los ajustes en Nuevo León, Chiapas y el Valle de México se debieron a mantenimientos programados. Además, destacaron un incremento del 47% en la producción nacional de combustibles, pasando de 466 a 685 mil barriles diarios. Pemex se comprometió a mantener un monitoreo constante para asegurar el suministro y aplicar las acciones correctivas necesarias.