La reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó el martes 19 de agosto la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe, causó un intenso debate jurídico en Colombia. El ex jefe de Estado, al que la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, condenó en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, duró cerca de 18 días recluido en su residencia, en Rionegro (Antioquia).

Sobre el particular, el jurista Germán Calderón España, especialista en derecho constitucional y derechos humanos , planteó a través de sus redes sociales la posibilidad de que la togada pueda ser investigada por prevaricato debido a los argumentos empleados para justificar la detención preventiva del expresidente. Lo anteri

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