El gobierno de Javier Milei se enfrenta hoy a una crucial sesión en la Cámara de Diputados, marcada por una agenda que promete ser complicada debido a su alto impacto social y fiscal. A pocas horas del inicio del debate, el ambiente es incierto. Las tensiones recientes con los gobernadores sobre el reparto de fondos y los conflictos surgidos por los cierres de listas en las provincias podrían influir negativamente en los libertarios.
La oposición llega fortalecida tras una victoria legislativa hace dos semanas, donde se aprobó un aumento en el financiamiento universitario y se declaró la emergencia en pediatría, además de rechazar varios decretos delegados. Con el inicio de la campaña electoral, muchos legisladores deberán considerar cuidadosamente su posición para no arriesgar votos. Un diputado dialoguista expresó: "Que quede claro quiénes apoyan y que los que votan en contra de los jubilados y discapacitados paguen el costo político".
La sesión de hoy comenzará con la insistencia en la declaración de emergencia en discapacidad, una ley que, aunque vetada por Milei, tiene altas probabilidades de ser aprobada. Esta medida, que incrementa las pensiones y ajusta las prestaciones profesionales por inflación, podría tener un impacto fiscal de entre el 0,22% y el 0,42% del PIB, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
A continuación, se debatirá un aumento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, así como un incremento en el bono que pasaría de $70 mil a $110 mil, también vetados por Milei. Este tema es más incierto y dependerá del papel de la UCR y los gobernadores. El tercer punto en la agenda será la distribución automática de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, que cuenta con media sanción del Senado y el apoyo de varios gobernadores.
Además, se discutirá un proyecto para establecer mecanismos de elección en caso de empate en la comisión $Libra, así como modificaciones en los husos horarios para ahorrar energía y una actualización de montos para el delito de evasión tributaria. La oposición también intentará revertir el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, un proyecto que fue retirado de la última sesión por falta de consenso.
El rechazo al veto a la moratoria previsional y el proyecto para coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos se tratarán al final. La moratoria busca restablecer un sistema que permite a quienes no tienen 30 años de aportes comprar los saldos faltantes para acceder a la jubilación mínima. Sin embargo, este proyecto no cuenta con el apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas, lo que sugiere que el veto presidencial probablemente será ratificado.
En cuanto al impuesto a los combustibles líquidos, se discutirá al final para evitar que los gobernadores saboteen el quórum. La Casa Rosada ha presentado una contrapropuesta durante el debate en comisión, aunque las provincias aún no han emitido señales públicas al respecto.
El año pasado, el gobierno logró proteger dos vetos presidenciales gracias al apoyo de varios bloques, pero esta vez podría enfrentar dificultades para reunir el mismo respaldo. La oposición se muestra optimista ante ciertos indicios, como el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien ha expresado su rechazo al veto a la emergencia en discapacidad, afirmando que "Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan".
La posición de otros gobernadores, como Osvaldo Jaldo de Tucumán, también es crucial, ya que ha manifestado su apoyo al aumento jubilatorio y a la emergencia en discapacidad. Sin embargo, la relación entre algunos gobernadores y la Casa Rosada se ha tensado, lo que añade incertidumbre a la votación de hoy.