Más de 150 empresas fueron creadas en dos años con el único fin de sumarse al esquema de simulación para allegarse la mayor parte del presupuesto público. Simples oficinas donde florecen decenas de razones sociales registradas bajo la misma dirección fiscal.

Salen los nombres de notarios acusados de participar en despojos y largo listado de fraudes. La mayoría de los socios que conforman las empresas simuladoras son jóvenes de entre 22 y 30 años, sin actividad empresarial. Facturación sin personal, sin infraestructura, sin página web.

Pero su función más perversa es la de simular competencia. Estas razones sociales de papel participan una y otra vez como las “perdedoras oficiales” en concursos de licitación del gobierno estatal y municipal, tanto en Yucatán como en Quintana Roo.

Redacci

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