El Ministerio de Educación volvió a tensionar su relación con las universidades privadas luego de que varias instituciones se negaran o entregaran información parcial sobre las remuneraciones de sus académicos y directivos, pese a que así lo exige la Ley de Presupuestos 2025 .

El requerimiento surgió tras la polémica por los $17 millones mensuales que en 2024 recibía Marcela Cubillos como docente en la Universidad San Sebastián, lo que abrió cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en casas de estudio privadas.

El 30 de julio, la Subsecretaría de Educación Superior, liderada por Víctor Orellana, envió oficios solicitando que en un plazo de una semana —luego extendido hasta el 12 de agosto— los planteles detallaran los salarios de su personal , tal como lo establec

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