LA PAZ, Bolivia (AP) — Un juez de Bolivia anuló el lunes un juicio desarrollado en la vía ordinaria en contra de la encarcelada expresidenta interina Jeanine Áñez en el que fue condenada por incumplimiento de deberes y resoluciones contraria a la Constitución relacionado a la crisis política que precipitó la renuncia del mandatario Evo Morales tras los comicios del 2019 denunciados como fraudulentos.

A cambio, el juez ordenó un juicio de responsabilidades a Áñez reservado a exmandatarios por delitos en el ejercicio del cargo.

El magistrado David Kasa de la vecina ciudad de El Alto declaró fundada la demanda de la defensa de Áñez que había solicitado declarar la incompetencia del tribunal ordinario y la apertura de un juicio de responsabilidades en una audiencia virtual que la exmandataria siguió desde una cárcel en La Paz donde está recluida desde marzo de 2021.

Áñez fue condenada a 10 años de cárcel en junio de 2022 por haber asumido ese cargo durante las letales protestas. El 19 de noviembre del 2019 se realizó un operativo militar-policial en El Alto que buscó despejar una planta de gas que pretendía ser tomada por manifestantes en medio del estallido social tras unas elecciones denunciadas de fraudulentas y en las que Morales buscaba otra reelección. Al menos 10 personas murieron y 65 resultaron heridas en esas protestas.

Kasa también dispuso la libertad de Áñez en ese caso, pero la exmandataria de 58 años no saldrá libre de inmediato ya que tiene otros procesos en la vía ordinaria que también han sido impugnados por su defensa.

“No me niego a la justica. Por el contrario”, señaló Áñez el lunes en su cuenta de la red social X. Agregó que respondería “un juicio de responsabilidades donde se presente una investigación seria y con pruebas verdaderas, sin injerencia ni persecución política”.

Un juicio de responsabilidades debe ser aprobado por dos tercios de voto en la Asamblea Legislativa.

Áñez, quien era senadora, juró interinamente tras la salida de Morales y después llamó a elecciones que fueron ganadas por el partido de Morales, esta vez con su heredero el actual presidente Luis Arce, quien según los críticos impulsó juicios contra opositores alegando que Áñez había asumido ilegalmente en lo que consideró un golpe de Estado. Para la oposición, se trató de una rebelión popular contra las denuncias de fraude en los comicios del 2019.

Amnistía Internacional y la Organización de Estados Americanos (OEA) dijeron que esos juicios contra opositores tenían connotaciones políticas.

Tras la derrota electoral del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) en el poder casi dos décadas en los comicios generales del 17 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo, Romer Saucedo, ordenó revisar la detención preventiva en que se encuentran varios líderes opositores que, según la defensa, han excedido el plazo.

Entre ellos, además de Áñez, está el suspendido gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en prisión preventiva dos años y ocho ocho meses. Camacho lideró las protestas de 2019 contra Morales.