La entrada en vigor del decreto que regula el reparto territorial ha motivado que las regiones con más presión reclamen la solidaridad de las demás comunidades, pero sus compañeros de partido han optado por recurrir al Constitucional y al Supremo

Canarias pide declarar la contingencia migratoria al triplicar su capacidad de acogida de menores migrantes

Este jueves entró en vigor el decreto del Gobierno que fija los criterios objetivos para el acogimiento de menores migrantes por parte de las comunidades. La respuesta del PP, partido que gestiona la mayoría de las autonomías, pasa por bloquear el reparto que marca la ley. Y eso que las tres regiones que reclaman la solidaridad territorial cuentan con presencia de la derecha en sus ejecutivos: Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además, Balears está también muy cerca de cumplir los requisitos.

Las tres primeras no han esperado para pedir la declaración de contingencia migratoria, una figura introducida por la nueva ley. Una vez que el Ministerio de Juventud e Infancia la reconozca, se iniciarán las derivaciones de menores no acompañados a la Península.

Para activar la contingencia migratoria las comunidades deberán acreditar que acogen al triple de menores de los que sus propios medios pueden atender. Canarias, por ejemplo, tiene 737 plazas, pero acoge a 5.017 menores. Cumple de sobra los criterios y su presidente, Fernando Clavijo, advirtió ya el miércoles que “no hay excusas” para iniciar el proceso y advirtió de que está “convencido” de que la Fiscalía intervendrá “de oficio” para garantizar su cumplimiento.

El Gobierno de Canarias es de coalición. El vicepresidente es Manuel Domínguez, líder del PP en el Archipiélago desde 2023, aunque apenas hace declaraciones sobre lo que su propio partido tacha de “emergencia”. Este verano apenas ha comparecido en un par de ocasiones para reclamar al Gobierno que ejecute la sentencia del Supremo que obliga a recolocar a los menores atendidos en Canarias. Domínguez ha acusado al Ejecutivo de incumplir la ley, pero ha obviado que las comunidades que gobiernan sus compañeros de partido bloquean dicho reparto.

La de Clavijo es la misma advertencia que lanzó el jueves el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. “No nos cabe en la cabeza que los presidentes no vayan a cumplir la ley”, dijo en una entrevista en RNE. “Estamos seguros de que lo van a hacer”, añadió, para avisar: “Pero si una comunidad no responde, eso se traslada a la Fiscalía y se activan los mecanismos pertinentes con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

La reacción del PP a ambas afirmaciones ha sido muy diferente, y eso que son casi calcadas. “Amenazar a las comunidades si no cumplen un real decreto-ley injusto es propio de cualquier régimen menos de una democracia”, afirmó este jueves su secretario general, Miguel Tellado, en declaraciones a La Sexta.

Como han venido haciendo en los últimos años, los dirigentes de la derecha han exigido que el Gobierno central corra con los gastos derivados del acogimiento, pese a que se trata de una competencia autonómica. Este jueves, la vicesecretaria Carmen Fúnez lamentaba que el Ejecutivo active la acogida “sin saber si se tienen los recursos adecuados” y sin “poner encima de la mesa una memoria económica que los garantice”.

“Se necesitan espacios donde vivan dignamente”, añadió, para recordar que las comunidades tienen la obligación de la “guarda y tutela” de los chavales hasta la mayoría de edad, lo que implica “alimentación, formación y seguridad”. Fúnez no dijo una palabra sobre el gasto de las comunidades autónomas en esta materia.

El ‘número dos’ de Alberto Núñez Feijóo también criticó a Torres por lamentar que las comunidades no tuvieron ningún problema en acoger a miles de niños ucranianos que huían de los ataques de Rusia, mientras se niegan a recibir a unos cientos de menores africanos. Tellado tildó de “racista” al ministro y lanzó un bulo habitual en boca de los portavoces del PP: que Italia y Grecia han puesto coto a la “inmigración ilegal” con políticas diferentes a las españolas.

La realidad es bien distinta. Según los datos oficiales de la Unión Europea y de la ONU a 24 de agosto de 2025, a España llegaron 22.699 personas de forma irregular. De ellas, 11.916 lo hicieron por Canarias. En el mismo periodo, a Italia han llegado casi el doble de personas migrantes en situación irregular: 40.510. Todas ellas, por mar. A Grecia, 27.662 personas, más de 24.000 por mar.

También Ceuta y Melilla, gobernadas directamente por el PP, han pedido activar el nuevo mecanismo legal. Según marca la ley, en el Ministerio de Infancia que dirige Sira Rego tiene cinco días para reconocer la situación y poner en marcha el traslado obligatorio de los menores desde las regiones afectadas a otras comunidades.

El real decreto-ley fija el número de plazas que cada comunidad debe tener, como mínimo, para atender a menores migrantes. Andalucía, con 2.827 plazas, está a la cabeza. Le siguen Catalunya (2.650), Madrid (2.325), Comunitat Valenciana (1.767), Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737), País Vasco (731),

Castilla-La Mancha (692), Murcia (517), Aragón (441), Baleares (406), Extremadura (344), Asturias (331), Navarra (223), Cantabria (194) y La Rioja (107).

Pero no está claro que el Gobierno pueda comenzar el traslado porque las 10 comunidades autónomas gobernadas por el PP han recurrido el decreto ante el Tribunal Constitucional por “invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, falta de justificación de urgencia y utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas”. El PP reconoce así que son las comunidades las competentes para atender a los menores migrantes. A ellas se ha sumado la Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García Page.

Madrid, además, ha llevado el decreto ante el Tribunal Supremo. Según su portavoz, Catalunya y Euskadi quedan fuera del reparto. Una afirmación falsa: la fórmula empleada por la norma para calcular el esfuerzo que debe realizar cada comunidad, que tiene en cuenta la capacidad ordinaria, el número de menores que ya acoge, la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad, les deja fuera de la obligación de momento.

Aun así, Catalunya recibirá voluntariamente a 31 menores en esta primera derivación de 3.000 menores. El presidente vasco, Imanol Pradales, también salió al paso de las críticas del PP y reveló que había hablado por teléfono con su homólogo andaluz, Juan Manuel Moreno, quien señaló la supuesta falta de solidaridad de los vascos.

Pradales reclamó “menos ruido y más colaboración” sobre los migrantes y aseguró que “la mitad llega en bus desde Andalucía”. También le explicó, dijo Pradales, que estaba “absolutamente confundido cuando decía públicamente que se había reconocido el efecto de frontera norte a Euskadi” porque “no se ha reconocido”.

Balears, en los dos lados

Si el PP vive una situación dicotómica, Baleares está a punto de ser una comunidad con un pie en cada lado. El Govern de Marga Prohens rechaza el reparto de migrantes y es uno más de los que lo ha llevado al Constitucional. Pero la llegada de personas desde Argelia se ha multiplicado este verano, y amenaza con llevar sus capacidades al límite, según sus propios cálculos.

Así lo afirmó el Govern esta misma semana, pese a reconocer que no están al límite. “Nos da igual si las cifras nos llegan o no nos llegan”, aseguró el miércoles la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas. “Tenemos una situación un poco diferente a otras comunidades autónomas, porque tenemos una ruta de llegada. Las cifras no son comparables a las de Canarias, pero si seguimos así tal vez lo serán”, zanjó.

El Gobierno central respondió el jueves que, de momento, no están en condiciones de reclamar la situación de contingencia migratoria. Prohens replicó que el Govern que ella dirige no encuentra “espacios ni profesionales” para alojar y atender a los menores.