La gran cantidad de parlamentarios desaforados o complicados judicialmente abrió un escenario constitucional poco usual desde 1990.

Los diputados Mauricio Ojeda (independiente elegido en cupo del Partido Republicano) y Catalina Pérez (exmilitante de Revolución Democrática) son los que se encuentran más comprometidos judicialmente, ya que el Ministerio Público ya formuló las respectivas acusaciones con la solicitud de condenas.

Para Ojeda, la Fiscalía pidió -en febrero pasado- 19 años de prisión por fraude al Fisco en una de las aristas del caso de traspasos irregulares de dineros públicos a fundaciones. De hecho, hoy el desaforado parlamentario figura como inhabilitado para votar en los próximos comicios.

En la situación de Pérez, el pasado 20 de agosto, el Ministerio Público pidió 10 a

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