La Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín Ortíz, respaldó la iniciativa que planteó el presidente, Gustavo Petro, de abrir una discusión nacional para crear una justicia ambiental especializada en Colombia, un paso que consideró clave para la implementación del Acuerdo de Escazú y para fortalecer la capacidad del Estado en la protección de los derechos de la naturaleza.

La defensora Marín Ortíz explicó que el artículo 8 del Acuerdo de Escazú recomienda a los Estados firmantes disponer de “órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental”.

En ese sentido, señaló que la experiencia de países como Brasil, Chile y México muestra diferentes alternativas que Colombia podría explorar, desde tribunales autónomos hasta salas ambientales dentro d

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