La decisión de la fiscal Luz Adriana Camargo, de reasignar expedientes que comprometen a figuras del gobierno Petro, no es un simple trámite burocrático. Es una jugada política. Un movimiento calculado que, más que fortalecer la justicia, la desnuda y la deja en evidencia como un aparato hecho a la medida de quienes hoy acaparan el poder.

En Colombia, cuando la justicia se arrodilla ante el gobierno de turno, no se habla de independencia, se habla de claudicación. Y lo que está ocurriendo con la llamada “Operación Impunidad”, denunciado por SEMANA , es precisamente eso, un blindaje para que la corrupción que se tragó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y otros escándalos que salpican al alto gobierno, quede sepultada en los anaqueles de fiscales locales

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