La Presidencia de la Nación denunció este lunes ante la Justicia federal una “operación de inteligencia ilegal” que tuvo como objetivo “desestabilizar al país en plena campaña electoral” mediante la difusión de audios privados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios.

La presentación judicial fue acompañada por un comunicado oficial de la Casa Rosada, en el que se calificó el hecho como “un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina”.

“No se trata de una filtración casual”, se remarcó, sino de una maniobra “clandestina” que habría incluido la grabación de conversaciones en la sede de Balcarce 50, lo cual el Ejecutivo consideró una “ amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura pre

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