RTVE vuelve a estar en el centro de la polémica. Según ha revelado El Mundo , la cadena pública ha destinado más de 1.397.920 euros en sueldos para los nuevos rostros de la temporada. La periodista Pepa Bueno, recién llegada al Telediario 2 , percibirá un salario máximo de 265.290 euros anuales, mientras que David Cantero, nueva voz de Las tardes de RNE , cobrará 180.000 euros al año.

Estos datos, obtenidos de documentación interna del ente, no han hecho más que avivar la indignación ciudadana y el malestar en el sector audiovisual. El fichaje de profesionales vinculados ideológicamente al PSOE, así como el uso editorial abiertamente partidista de los espacios informativos, han llevado a muchos usuarios en redes sociales a rebautizar la cadena como “PSOE TV” o directamente “TelePedro” .

El caso de Pepa Bueno es especialmente llamativo. Exdirectora de El País en plena etapa de alineamiento con Moncloa, su fichaje para presentar el Telediario más visto de la televisión pública se ha producido en paralelo a una entrevista exclusiva con Pedro Sánchez para arrancar el curso político. En círculos profesionales se interpreta como una maniobra para garantizar un clima mediático favorable al Gobierno en un contexto marcado por escándalos de corrupción y tensión parlamentaria.

Pero no es la única. RTVE ha renovado su programación con perfiles como Marta Flich, Jesús Cintora, Gonzalo Miró y Xabier Fortes, todos ellos identificados con posturas abiertamente progresistas. Críticos con la oposición, comprensivos —cuando no laudatorios— con las decisiones del Ejecutivo, estos profesionales han encontrado en el ente público un escaparate privilegiado... y generosamente remunerado.

La defensa institucional no se ha hecho esperar. El presidente de RTVE, José Pablo López, aseguró en un comunicado que los ataques a sus profesionales son “inadmisibles” y que la cadena “no sobra nadie”. Sin embargo, la oposición ha exigido explicaciones por la asignación de recursos públicos, en un momento en el que miles de españoles enfrentan dificultades económicas.

¿Es legítimo que los españoles financien, con sus impuestos, sueldos de más de 250.000 euros a periodistas afines al Gobierno? ¿Dónde queda la pluralidad informativa? ¿Quién fiscaliza el uso del dinero público en el seno de RTVE? Son preguntas que, de momento, siguen sin respuesta clara.