Atado a un escenario altamente negativo en lo político y en lo económico, justo en la semana de las cruciales elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno ensaya una vía de escape para tratar de achicar el daño colateral por el escándalo de las presuntas coimas: denunció una “operación de inteligencia ilegal” por los audios del escándalo las supuestas coimas del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y las escuchas a Karina Milei.

En la presentación, el Gobierno sostiene que el objetivo de esta operación está destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral. Todos los cañones del oficialismo apuntan a periodistas como Jorge Rial, un implacable crítico de la gestión libertaria.

La denuncia oficial recayó en el juzgado federal número 12, que es subroga

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