CANCÚN, 2 de septiembre. – Los empresarios de Quintana Roo enfrentan una amenaza creciente que podría llevar al colapso de sus negocios: embargos millonarios en cuentas bancarias derivados de juicios laborales fabricados, en medio de un panorama ya marcado por extorsiones de “derecho de piso” y trámites municipales con costos exorbitantes.

Esta colusión sistemática incrementa la vulnerabilidad del sector privado y pone en jaque la economía local.

Denuncias de afectados revelan un esquema de corrupción donde personal actuarial de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, junto con presidentes de estas instancias y, presuntamente, funcionarios de la secretaría del Trabajo.

Se incluyen reclamos de trabajadores inexistentes con salarios inflados, lo que permite ejecutar sentencias multimill

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