Indonesia vive una crisis política y social de gran escala. Las comenzaron a principios de 2025 y se intensificaron a finales de agosto. El punto de quiebre fue la aprobación de un subsidio de vivienda para legisladores, equivalente a 3,000 dólares mensuales, más de diez veces el salario mínimo en Yakarta y hasta veinte veces en las regiones más pobres.

La medida provocó rechazo, especialmente por los comentarios en redes sociales de algunos parlamentarios que la defendieron o minimizaron el descontento. La población expresó frustración por recortes en salud, educación e infraestructura, así como por el aumento de impuestos. Estas decisiones financiaron programas como los almuerzos escolares gratuitos y los créditos para vivienda social.

Las manifestaciones también se relacionaron

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