No es rumor de pasillo ni invento de café: en los rincones de Palacio Nacional se comenta, tras bambalinas, lo que ya es un secreto a voces —la inminente “entrega” de políticos de primer nivel ligados a los grupos delincuenciales.

La visita del secretario de Estado de los Estados Unidos Marco Rubio a México no es cortesía diplomática. Su agenda, en concreto, busca cerrar un acuerdo con la presidenta para empujar esa operación quirúrgica que pondrá tras las rejas a figuras que hasta ayer parecían intocables.

El nerviosismo se palpa en las oficinas de alto nivel.

Se sabe que la lista negra incluye a exfuncionarios de administraciones pasadas y a personajes de la más reciente élite política que no pudieron ocultar sus vínculos oscuros.

El caso más sonado es el del actual líder del Senado,

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