La intervención, confirmada por la propia SSPE, se derivó de una revisión a las licencias colectivas de portación de armas de ambos municipios.

Durante la inspección, se descubrió que las corporaciones poseían más armamento del que correspondía a su personal activo y que numerosos agentes tenían vencidos sus exámenes de control y confianza, requisito indispensable para portar un arma de fuego.

Este despliegue policial es una acción directa tras el pico de violencia en la zona, que incluyó el derribo de arcos de la Plataforma Centinela, infraestructura clave para la seguridad estatal.

Como resultado del operativo, un total de 60 armas de fuego fueron aseguradas y retiradas a los municipios para su resguardo en el depósito general de armamento de la SSPE en la ciudad de Chihuahua.

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