El Gobierno de España ha inaugurado el curso político con dos pruebas de estrés que pueden definir la legislatura en las próximas semanas: la votación para que continúe la tramitación de la ley que reduce la jornada laboral y el intento de presentar, por primera vez desde 2023, unos Presupuestos Generales del Estado . Ambas dependen de mayorías frágiles y de un tablero parlamentario más incierto que nunca.

Por ello, el Ejecutivo inicia el curso en modo supervivencia , con dos exámenes seguidos y la vista puesta en el mismo árbitro. Si salva la primera bala y logra mantener viva la ley de jornada, ganará margen. Si además encarrila unas cuentas creíbles para 2026, podrá recuperar iniciativa. Si falla en cualquiera de las dos, la prórroga —presupuestaria y política— se convertirá en

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