Muchos rostros compungidos de gobernadores se pudieron percibir en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional. Y la razón radicó en la decisión presidencial de hacer corresponsables a los mandatarios estatales de la modernización de las fuerzas locales de seguridad.
El solo punto uno descolocó a los mandatarios estatales, amodorrados en sus palacios de Gobierno con la certeza de que la seguridad era responsabilidad federal, aunque los involucrará en lo estatal y municipal. Dos decisiones fueron implacables:
-Incrementar el estado de fuerza de las policías estatales y de investigación un 25 por ciento a nivel nacional.
-Aumentar el estado de fuerza de los ministerios públicos de las fiscalías estatales en un 30 por ciento a nivel nacional.
Y parece ser que