Luego de que la Corte Constitucional declarara ilegal la intervención a , Keralty, empresa matriz, advirtió que el país enfrenta ahora la tarea de reparar los daños ocasionados durante más de un año de control estatal.

El presidente de la organización, Joseba Grajales Jiménez, afirmó que el fallo “restituye derechos vulnerados” pero insistió en que no basta con la decisión judicial.

“Exigimos reparación efectiva e inmediata del daño incalculable causado a pacientes, trabajadores y prestadores. Quienes sufrieron esta crisis merecen justicia y dignidad”, dijo.

Joseba Grajales, presidente Keralty | Foto: Grupo Colsanitas

Según Grajales, la intervención generó un deterioro profundo en la atención: desabastecimiento de medicamentos, usuarios desprotegidos y una red de servicios colapsada

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