En un momento en que Colombia vive una de las coyunturas más delicadas de los últimos años, marcada por una ola de atentados terroristas, ataques a la Fuerza Pública y el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales y urbanas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro renovó contratos con varios de los principales negociadores de la cuestionada política de “paz total”.

La medida llega en la recta final de su mandato, en un escenario en el que la estrategia de negociación con los grupos armados ilegales se ha convertido en uno de los puntos más criticados de su administración. A pesar de las múltiples advertencias sobre el deterioro de la seguridad, la Casa de Nariño decidió mantener vigente la nómina de delegados encargados de los diálogos con la guerrilla del ELN y con las disidenci

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