Estados Unidos ha intensificado su vigilancia sobre los llamados "narcoinfluencers", individuos con una gran cantidad de seguidores en redes sociales que utilizan su influencia para promover actividades del narcotráfico. Este fenómeno ha captado la atención del gobierno estadounidense, especialmente tras el lanzamiento de volantes en Culiacán en enero, que contenían una lista anónima de 25 nombres de influencers, de los cuales seis han sido asesinados.

El 6 de agosto, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a tres líderes del Cártel del Noreste y a Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Makabelico, un influencer y rapero señalado por utilizar sus conciertos y regalías para lavar dinero. Una fuente del Departamento de Justicia de EE.UU. indicó que ya se han identificado perfiles para sancionar y congelar cuentas bancarias, con el objetivo de evitar que el dinero de los influencers llegue a los criminales.

La Agencia Antidrogas (DEA) ha advertido que las redes sociales y aplicaciones encriptadas amplifican el alcance de los cárteles. Los traficantes utilizan la tecnología para anunciar, vender, cobrar, reclutar y entrenar mensajeros, así como para realizar entregas sin contacto. Un influencer anónimo explicó que el esquema de los narcoinfluencers es sencillo: inyectar dinero sucio para inflar cuentas con bots y granjas de clics, monetizando en plataformas como YouTube, Instagram o Facebook, y luego devolver una parte al grupo delictivo como ingreso lícito.

Las autoridades estadounidenses están siguiendo de cerca las investigaciones de la Unidad de Investigación Financiera mexicana, que ha abierto pesquisas sobre 64 influencers en Sinaloa por presunto lavado de dinero. Uno de los mencionados, Markitos Toys, ha negado públicamente cualquier implicación en actividades ilícitas, aunque ha reducido su presencia en redes sociales.

Expertos en finanzas ilícitas han señalado que, aunque el lavado de dinero a través de influencers es un canal menor en comparación con otras rutas, la propaganda que generan es crucial. Javier Llausás, director de la ONG Building Spaces for Peace, afirmó que "esto es una guerra; y como en toda guerra, la propaganda importa". En Sinaloa, la lucha entre facciones ha llevado la disputa al ámbito digital, donde los influencers se convierten en activos estratégicos.

Los cárteles obtienen poder narrativo a través de estos influencers, quienes normalizan el lujo y presentan a los narcotraficantes como benefactores. Esto puede influir en la percepción de la comunidad, haciendo que la violencia parezca lejana o justificada. Además, los cárteles logran acceso directo a los jóvenes, utilizando videos y corridos que prometen pertenencia y respeto.

Desde la perspectiva de la DEA y fiscales estadounidenses, el uso de influencers refuerza la legitimidad simbólica de los cárteles. Un patrocinio o un concierto puede crear la sensación de que el negocio es parte del tejido local, dificultando la confrontación por parte de vecinos y autoridades. Las cuentas con millones de seguidores pueden sembrar rumores para desviar la atención de la policía o desacreditar a rivales.

La fuente del Departamento de Justicia subrayó que los narcoinfluencers son considerados sospechosos tanto por sus finanzas como por su papel en la propaganda. La OFAC ha enmarcado el caso de El Makabelico bajo terrorismo y drogas, buscando cortar los ingresos de los narcoinfluencers y desactivar sus plataformas digitales. La violencia contra estos creadores de contenido refleja su importancia en la propaganda del narcotráfico, y su eliminación busca silenciar esa voz.