La Audiencia de Sevilla , en una pieza separada del caso ERE , ha condenado a 22 y 15 meses de cárcel a dos beneficiarios que cobraron pólizas por más de 424.000 euros con cargo a fondos públicos por su mera amistad o vecindad con el socialista Francisco Javier Guerrero , ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía y en su día principal implicado en la trama de los ERE .

El fallo de la Sección Primera, fechado el 9 de septiembre y notificado este viernes, condena a Alejandro M. T. como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación , con la atenuante de dilaciones indebidas. El tribunal le impone un año y diez meses de cárcel por malversación, además de tres años y ocho meses de inhabilitación absoluta, y otros cuatro años de inhabilitación especial por prevaricación. En concepto de responsabilidad civil debe indemnizar a la Junta de Andalucía con algo más de 333.000 euros , el total cobrado con las pólizas. El tribunal sostiene que el procesado se enriqueció y engrosó su patrimonio «sin más mérito que el favor buscado de su amigo» Guerrero (fallecido en 2020).

Rafael R. G. ha sido condenado por los mismos delitos, en su caso con las atenuantes de reparación del daño y dilaciones, a un año y tres meses de cárcel por la malversación – más dos años de inhabilitación absoluta– y a dos años de inhabilitación especial por la prevaricación. En concepto de responsabilidad civil tendrá que pagar a la Junta unos 91.200 euros , el total percibido por las pólizas, de los que se detraerán unos 55.000 euros que ya consignó en la cuenta del Juzgado de Instrucción. La Audiencia tiene en cuenta que, «ya desde su primera declaración (…), se mostró proclive a devolver el dinero , lo que «debe tener una repercusión positiva en la individualización de la pena».

Pólizas a medida y «pagos cruzados»

Según la sentencia, consultada por Europa Press , Guerrero mantenía «relaciones personales de amistad y/o vecindad » con los condenados y con otras dos personas ya fallecidas, y «aprovechó» que su cargo le permitía «tener a su disposición fondos públicos de la Junta» para desviar fondos «por el mero hecho de tratarse de personas de su entorno personal ». Todo ello, recalca el tribunal, «al margen de cualquier procedimiento legalmente establecido y sin que existiera un fin público para su aplicación».

«Sin competencia para ello, sin crédito suficiente, y de forma arbitraria», el ex director general de Trabajo ordenó rentas mediante pólizas de supervivencia y capital diferido en las que les hizo figurar como asegurados y beneficiarios, pese a que estas cuatro personas ya recibían «otras pensiones, prestaciones o ayudas públicas» . Los acusados cobraron «durante años» aun siendo «plenamente conscientes» de que no tenían derecho legal a esas prestaciones, y que «sólo su relación o vinculación personal» con Guerrero les permitía tener acceso a ellas.

Las aseguradoras pagaban «directamente» a los particulares, lo que eludía cualquier control administrativo, financiero y presupuestario dado que el movimiento de fondos públicos no quedaba reflejado en la contabilidad de la Junta ni en la agencia IDEA. Para ello se empleaba un «sistema de pagos cruzados» que desviaba primas de pólizas empresariales para financiar pólizas individuales.

Los magistrados afean la búsqueda de lucro con dinero público y el trato de favor que situó a los condenados «por encima de otros ciudadanos», con un perjuicio para los fines sociolaborales que debían cubrirse con el dinero defraudado.

El tribunal insiste en que estas pólizas no guardaban relación con ningún ERE ni con la vida laboral de los favorecidos, sino con su vínculo personal con Guerrero, «ya fuera de amistad, vecindad» o por el hecho de «compartir afiliación a un mismo partido político (PSOE) ». El único fin era «enriquecer con los fondos públicos andaluces a personas de su entorno personal», zanja el fallo.

Absoluciones

El tribunal subraya que pese a que Vitalia fue la encargada de tramitar todas estas pólizas, no se ha podido acreditar la «participación específica» de los dos trabajadores de la consultora acusados. También absuelve a la hija de uno de los condenados : no se ha podido constatar que solicitara a Guerrero la ayuda económica para su padre ni que se aprovechara de su «amistad» con él.

Esta misma semana, el Tribunal de Cuentas ha condenado a los herederos de Guerrero –su hija y su viuda– a indemnizar a la Junta de Andalucía con más de 68.000 euros por incluir a dos intrusos  en el ERE de Surcolor pese a no haber trabajado nunca en la empresa. Los beneficiarios fueron el marido de una concejal del PSOE de Camas y un concuñado del ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla.

Militante del PSOE, Guerrero fue también alcalde de El Pedroso (Sevilla), su localidad natal. El que fuera su chófer, Juan Francisco Trujillo , fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por desviar a fiestas y droga parte de los 1,3 millones en ayudas que le concedió la Junta. Trujillo declaró ante Mercedes Alaya, la juez instructora del caso ERE, que gastaban  25.000 euros al mes en cocaína y que entre ambos consumían 10 gramos diarios. El camello del chófer, que fue enchufado en Vitalia, era cocinero de profesión y no tenía «ni idea» de lo que hacía en una consultora económica. « Yo era cocainómano, me pagaban por hacer el tonto », declaró en el juicio.