La inquiokupación —la mezcla de inquilinos que dejan de pagar el alquiler y se niegan a abandonar el inmueble— y la okupación directa de viviendas deshabitadas son fenómenos que preocupan cada vez más a los propietarios en España. En muchas ocasiones, los afectados se enfrentan a procesos judiciales largos, costosos y frustrantes. La ley, en lugar de proteger al dueño legítimo del inmueble, parece favorecer a quienes ocupan ilegalmente las viviendas, generando una gran sensación de impotencia e inseguridad jurídica.

Este problema no solo afecta a grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Muchos pequeños municipios también se ven desbordados por la okupación, lo que daña la convivencia vecinal, frena la inversión y empuja a muchos propietarios a abandonar sus inmuebles p

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