Al menos seis compañías están bajo investigación por irregularidades relacionadas con la trama de huachicol fiscal. Estas empresas han conseguido contratos millonarios con diversas dependencias del gobierno federal. Entre ellas se encuentran la Secretaría de Marina (Semar), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los nombres de estas compañías figuran en la causa penal 325/2025, que ha llevado a la detención de 13 personas, incluido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a varias empresas del sector energético por posibles conductas ilícitas.
Una de las compañías mencionadas es Constructora y Perforadora Latina S.A. de C.V. Esta empresa ha arrendado plataformas de perforación a Pemex durante al menos 11 años. En la causa penal, se le vincula a una red comercial que opera con Galem Energy, acusada de ingresar combustibles a puertos mexicanos sin la documentación adecuada. En 2022, Constructora y Perforadora Latina obtuvo un contrato para arrendar una plataforma de perforación marina, valorado en 57.6 millones de dólares, con vigencia hasta diciembre de 2023.
Otra empresa implicada es Abastecedora de Combustibles del Pacífico S.A. de C.V., que tiene un contrato con la UNAM para suministrar diesel marino al buque oceanográfico El Puma. Este acuerdo, que abarca desde junio de 2022 hasta junio de 2024, contempla el suministro de entre 400 mil y 900 mil litros de diesel, con un monto que varía entre 12 y 27 millones de pesos. Su permiso de importación de hidrocarburos fue cancelado por incumplimientos a la Ley de Hidrocarburos, pero sigue activa como proveedora de servicios a las Administraciones del Sistema Portuario Nacional.
Además, la empresa Maquiladora de Lubricantes S.A. de C.V. tiene autorizaciones de la Secretaría de Marina para prestar servicios de recolección y transporte de desechos de hidrocarburos en puertos de Tabasco. Esta compañía está autorizada para operar hasta enero de 2029 y ha sido mencionada en la causa penal por adquirir combustible de una red de empresas que utilizan documentos falsos para ingresar hidrocarburos a México.
La investigación continúa, y se espera que se tomen medidas adicionales en relación con estas empresas y sus contratos con el gobierno.