El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca ha ordenado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer, en un plazo máximo de 24 horas, todas las pensiones no contributivas por invalidez que habían sido suspendidas en la provincia. Esta decisión, firmada por el juez Guillermo Díaz Martínez, también exige el pago inmediato de los haberes retenidos a los beneficiarios.

El magistrado prohibió a la ANDIS continuar con auditorías basadas en la normativa cuestionada y suspender más pensiones hasta que se emita una sentencia definitiva en la causa. El juez argumentó que el carácter alimentario de estas pensiones es suficiente para demostrar que la demora en el pago representa un peligro para la integridad de quienes las percibían.

La decisión se tomó de manera urgente, sin solicitar la opinión del Estado Nacional, que ahora tiene 24 horas para responder. Aunque la ANDIS debe cumplir con la restitución y el pago retroactivo, el Gobierno podría considerar futuras acciones. La prohibición de nuevas suspensiones ya había sido decidida por el Ejecutivo la semana pasada.

La medida judicial fue el resultado de una acción de amparo colectivo presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, ciudadanos particulares y el Defensor del Pueblo de Catamarca. La demanda se centró en el decreto 843/24, que modificó los requisitos para acceder a las pensiones por invalidez, argumentando que esta norma vulnera principios de derechos sociales.

Los denunciantes criticaron las auditorías de la ANDIS, describiéndolas como “irregulares y lesivas”, y reportaron notificaciones defectuosas y plazos exiguos. Las suspensiones de pensiones en Catamarca comenzaron en julio, y muchos beneficiarios se enteraron de la baja al no recibir el pago de sus haberes.

El fiscal federal Santos Reynoso apoyó la competencia del tribunal y la procedencia de la medida. Aunque esta medida cautelar tiene efecto inmediato solo en Catamarca, el fallo podría establecer un precedente para reclamos similares en otras jurisdicciones del país. En Salta, el gobernador Gustavo Sáenz está liderando un amparo contra el Gobierno nacional y la ANDIS, buscando revertir la suspensión de 129 pensiones.

Este fallo llega en un contexto de creciente tensión sobre la política nacional de discapacidad, con manifestaciones en contra de las medidas del Gobierno. La situación se ha visto agravada por la difusión de audios que exponen irregularidades en la gestión de la ANDIS, lo que ha llevado a un capítulo judicial en esta batalla política.