El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , teme que su vivienda de 189 metros cuadrados en Santiago de Compostela (Galicia)  pueda ser embargada tras la imposición de una fianza de 150.000 euros por parte del Tribunal Supremo . Su entorno considera «desorbitada» la cantidad fijada y estudia presentar un recurso contra la medida cautelar que debe hacer efectiva en cinco días. El dinero que tiene depositado en sus cuentas corrientes podría no ser suficiente para cumplir con la orden judicial.

La nota simple registral de su único inmueble en propiedad según el Registro, consultada por OKDIARIO, revela que García Ortiz figura como titular al 50% del inmueble junto a su esposa María Pilar Fernández Pérez , también fiscal, que posee el otro 50%. La pareja está casada en régimen de gananciales .

La vivienda se compone de planta baja con «una superficie construida de 60 metros cuadrados» y un aprovechamiento bajo cubierta de «45 metros cuadrados». El inmueble incluye como anejos «una terraza posterior y, a nivel superior , una zona de jardín» que mide «65 metros cuadrados». La propiedad cuenta con una cuota de participación del 31% en una zona anexa al bloque que conforman tres viviendas. Idealista recoge que tiene 4 habitaciones, 3 baños y jardín, y que fue construido en el 2003.

La casa está en una zona histórica y céntrica de Santiago de Compostela que alberga viviendas de gran valor patrimonial, muchas de ellas rehabilitadas manteniendo la arquitectura tradicional. Es un área residencial tranquila y muy bien comunicada con el centro urbano.

Críticas a la fianza

En los últimos días varios medios han publicado que García Ortiz ve mal cómo se ha fijado esa cantidad de 150.000 euros. Considera que se ha fijado «a ojo» en base exclusivamente al cálculo «interesado » y probablemente inflado del empresario González Amador. El fiscal general pide establecer criterios objetivos para determinar la cuantía.

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece García Ortiz, ha denunciado que «no existe informe pericial, ni valoración objetiva del daño, ni desglose de indemnizaciones o costas posibles». Los fiscales progresistas también destacan la «falta de proporcionalidad» entre esta cantidad y las exigidas en delitos de extrema gravedad.

«Resulta incomprensible que, tratándose de un delito discutido, de dudosa configuración y con un daño difícil de acreditar, se exija una fianza superior a la de los casos en los que se ha perdido la vida de una persona », aseguran desde la UPF.

El magistrado Ángel Hurtado ha calculado la fianza basándose en la petición de indemnización de Alberto González Amador, que reclamaba 300.000 euros por daños morales. En el auto, Hurtado considera «excesiva» esta cantidad pero advierte que debe contemplar «el alcance de otras responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse, como costas o la multa contemplada para el delito de revelación de secretos».

El entorno de García Ortiz esgrime una sentencia del Tribunal Constitucional de hace dos años que determinaba que incorporar la posible multa en el cálculo de la fianza puede suponer una « anticipación de la pena » y vulnerar el derecho a la presunción de inocencia.

González Amador, tras ser víctima de la filtración de correos confidenciales de su abogado, fue finalmente propuesto para ser procesado en mayo por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental . La Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel al considerar que se sirvió de facturas falsas para defraudar 350.951 euros a Hacienda.

El empresario expuso de forma personal ante el juez las consecuencias de la filtración del correo. Aseguró que provocó el calificativo de «defraudador confeso» y causó «un destrozo» tanto a nivel personal como social.

Según su testimonio, tuvo consecuencias económicas y perdió contratos con clientes con los que trabajaba desde hace 15 años. También afirmó que han dejado de llamarle para impartir cursos que dirigía desde hace más de una década.

«Exageración»

El Gobierno ha calificado de «exageración» la fianza impuesta al fiscal general. Fuentes del Ejecutivo han manifestado de nuevo su respaldo a García Ortiz y consideran que no debe dimitir, pese a que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.

La portavoz de Moncloa, Pilar Alegría , ha reiterado que el Gobierno «mantiene la confianza en el fiscal general del Estado» y «por supuesto también en su inocencia». El presidente Pedro Sánchez ha expresado su convencimiento sobre la inocencia del fiscal en una reciente entrevista televisiva.

Por el contrario, el PP ha tildado de « humillación al Estado de Derecho» la apertura del juicio oral y ha exigido la dimisión inmediata de García Ortiz. El secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, considera «inconcebible» que el fiscal general permanezca en su puesto.

La vivienda santiaguesa de García Ortiz se convierte así en el epicentro de una batalla judicial sin precedentes , donde la justicia y la política convergen en una encrucijada que podría determinar no sólo el futuro del fiscal general , sino también el de una institución que nunca antes había visto a su máximo responsable en el banquillo de los acusados.