El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha solicitado públicamente la expulsión de Israel de todas las competiciones deportivas internacionales, siguiendo el mismo criterio aplicado a Rusia tras la invasión de Ucrania. La petición se ha producido un día después de los disturbios protagonizados por manifestantes propalestinos en la etapa final de La Vuelta a España , que obligaron a suspender la carrera y dejaron más de una veintena de agentes heridos.

Durante una reunión con diputados, senadores y eurodiputados del PSOE , celebrada este lunes en el Congreso de los Diputados , Sánchez ha declarado que «hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más». Estas palabras han generado reacciones inmediatas debido a su coincidencia con los incidentes ocurridos en Madrid, en los que se ha cuestionado la pasividad del Gobierno ante las agresiones.

El presidente ha justificado su postura apelando a criterios de justicia y derechos humanos , señalando que «las organizaciones deportivas deben plantearse si es ético que Israel siga participando en competiciones internacionales». Ha añadido que «la mayoría de la ciudadanía española, independientemente de su ideología, comparte esta posición de sentido común y compromiso con los derechos humanos».

Sánchez ha reiterado su rechazo a la violencia , pero ha expresado también su «profunda admiración» por «una sociedad civil que se moviliza contra la injusticia y defiende sus ideas de forma pacífica». Ha defendido la actuación del Ejecutivo ante los altercados del domingo: «Pusimos la seguridad de los ciclistas por delante de cualquier otra cuestión».

Las declaraciones del presidente han sido duramente criticadas por la oposición y por sindicatos policiales como Jupol , que han exigido la dimisión de Sánchez, del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín , por el «desastre operativo» y el «abandono deliberado» sufrido por los agentes desplegados.

El incidente en La Vuelta a España se produjo en el tramo final del recorrido, en el Paseo del Prado , cuando grupos radicales propalestinos tiraron vallas, invadieron el circuito y lanzaron objetos contra la Policía. Según fuentes policiales, 22 agentes resultaron heridos. La organización de la prueba decidió suspender la etapa y cancelar el podio previsto, que fue sustituido por una ceremonia simbólica más tarde.

Los disturbios estuvieron liderados por activistas del grupo BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel), cuyo portavoz Iban Vázquez fue apoderado político de la ministra Yolanda Díaz . Desde el Ejecutivo no se ha emitido condena explícita a estos actos, lo que ha alimentado las críticas por parte de partidos como PP y Vox , así como de medios internacionales que han recogido las imágenes de violencia.

La comparación de Israel con Rusia en el contexto deportivo ha levantado un fuerte debate , tanto a nivel nacional como europeo. Sánchez ha afirmado que «el debate que se ha abierto aquí debería extenderse al resto del mundo, y ya lo está haciendo en algunos países». También ha recordado que otros gobiernos europeos han empezado a cuestionar la participación de Israel en eventos internacionales.

Esta posición marca un nuevo punto de tensión en la política exterior española y ha sido interpretada por analistas como un intento de Sánchez de consolidar su liderazgo dentro del ala más ideológica del PSOE en un momento en el que su entorno político y familiar está siendo investigado judicialmente.

La intervención del presidente se produce también en medio de informaciones recientes sobre supuestos privilegios y prácticas irregulares en su entorno familiar , así como de un creciente malestar en sectores sociales por la gestión de la seguridad pública, especialmente tras los hechos ocurridos durante La Vuelta .