La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa ha dejado un saldo trágico de 14 muertos, según la última actualización de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Este incidente, ocurrido el pasado miércoles en el puente de La Concordia, ha sido calificado como uno de los más graves en la capital en la última década.
Hasta el momento, 39 personas continúan hospitalizadas, mientras que 30 han sido dadas de alta. Entre las víctimas fatales se encuentra Jesús Joel Tovar García, quien falleció en el Hospital General Rubén Leñero tras sufrir quemaduras en gran parte de su cuerpo. Tovar, empleado de una empresa de seguridad, se encontraba regresando a casa después de su turno cuando fue alcanzado por la explosión.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha estado en contacto con las familias afectadas y ha visitado a los heridos en los hospitales. En un mensaje, expresó su pesar por la muerte de Alicia Matías, quien salvó a su nieta del fuego, pero sufrió graves quemaduras que le costaron la vida.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha informado que el accidente se produjo cuando un "objeto sólido" impactó el tanque de gas de la pipa, provocando una fuga y posterior ignición. Las llamas alcanzaron más de 30 metros, como evidencian las impactantes imágenes grabadas por testigos.
A pesar de las investigaciones, persisten las dudas sobre las condiciones del pavimento en la zona del siniestro. Algunos conductores han denunciado que los baches en la carretera no habían sido atendidos, aunque la Fiscalía ha declarado que no se encontraron daños en el asfalto.
Además, se han planteado interrogantes sobre la empresa Transportadora Silza, que gestionaba la pipa. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) indicó que la empresa no había presentado solicitudes para pólizas de seguro, aunque esta respondió que sí contaba con seguros vigentes.
Carlos Rius, académico de la UNAM, advirtió sobre los peligros del transporte de materiales inflamables en áreas densamente pobladas y en horarios de alto tráfico. La jefa de Gobierno ha propuesto la creación de un protocolo para regular el transporte de mercancías peligrosas en la ciudad.