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Un jubilado mendocino inició una demanda judicial multimillonaria contra el Estado nacional y el laboratorio AstraZeneca por $152.058.050, alegando que sufrió una trombosis venosa profunda (TVP) como consecuencia directa de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, su reclamo se enfrenta a un gran obstáculo: la Ley 27.573, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, que protege a los laboratorios de acciones legales.
Esta norma, promulgada en plena pandemia, permitió al Gobierno firmar contratos con las farmacéuticas que las eximen de responsabilidad legal por posibles efectos adversos de las vacunas. Además, establece que los contratos son secretos y no permiten juicios directos contra las empresas.
Esto obliga a los damnificados a recurrir a un mecanismo administrativo, e