MIAMI (AP) — El gobierno de Donald Trump ha descertificado la cooperación de Colombia en la lucha contra las drogas por primera vez en casi tres décadas, pero otorgó una exención para no afectar del todo la asistencia que suele dar a un país tradicionalmente considerado como un aliado de Estados Unidos en Latinoamérica.

La descertificación, anunciada el lunes por el Departamento de Estado, se convierte en una reprimenda del gobierno estadounidense al auge en los cultivos de hoja de coca y la desaceleración en la erradicación de los cultivos ilícitos durante la administración izquierdista del presidente Gustavo Petro, crítico de la política de inmigración y la reciente incursión militar frente a las costas de Venezuela.

Estados Unidos descertificó a Colombia por última vez en 1997 en el gobierno de Ernesto Samper cuando los cárteles del país se habían infiltrado en las más altas esferas del poder. Desde el año 2000, sucesivos gobiernos estadounidenses han destinado miles de millones de dólares en ayuda a Colombia, pero la cooperación comenzó a desmoronarse hace una década, cuando se suspendió un programa de fumigación aérea de campos de coca con el herbicida glifosato.

Según la ley estadounidense, el presidente debe identificar anualmente, antes del 15 de septiembre, a los países que han incumplido sus obligaciones internacionales durante los 12 meses anteriores.

La administración Trump responsabilizó del “incumplimiento” en las obligaciones del control de drogas al liderazgo político en Colombia e indicó que considerará cambiar la designación en el futuro si el gobierno adopta medidas más agresivas para erradicar los cultivos ilícitos y reducir la producción y el tráfico.

Petro reprochó la descertificación al asegurar que su país ha puesto “decenas de muertos” para impedir que llegue cocaína a Estados Unidos. “Porque todo lo que hacemos realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano... es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices”, dijo en un consejo de ministros televisado.

También anunció que las fuerzas militares colombianas dejarán de depender del armamento estadounidense, dando como alternativa comprar armamento o fabricarlo mediante la empresa estatal. No detalló cuánto es que tardaría la transición o si devolverán las armas que ya fueron donadas por Estados Unidos, como algunos helicópteros usados por la policía. “No más limosnas ni regalos”, aseguró Petro.

A la par de Colombia fueron descertificados Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela. Pese a la medida, el gobierno estadounidense definió que les seguirá brindando asistencia debido a que lo consideran vital para sus intereses nacionales, a excepción de Afganistán.

El gobierno colombiano intentó evitar la descertificación ofreciendo detalles de su reformada política antinarcóticos que tiene como prioridad la incautación de cocaína y la persecución de los narcos, mientras ofrece a los campesinos que cultivan hojas de coca erradicarlas manualmente y pasar a la legalidad con programas gubernamentales. Petro es un abierto crítico del prohibicionismo y considera que la “guerra contra las drogas fracasó”.

En su gobierno la incautación de cocaína alcanzó un récord al llegar a 884 toneladas en 2024. En lo que va del año, el Ministerio de Defensa reportó la incautación de 654 toneladas de cocaína.

Sin embargo, en el centro de la inconformidad que manifestó el gobierno estadounidense se encontraban los niveles récord de cultivos de hojas de coca que alcanzaron las 253.000 hectáreas en 2023, según el último informe disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Así como la erradicación de esos cultivos ilícitos luego de que el gobierno de Petro bajara las metas.

Los datos oficiales muestran una caída pronunciada desde 2022 —año en que terminó el gobierno del conservador Iván Duque e inició el de Petro— cuando se erradicaron 68.800 hectáreas. Para 2024 fueron erradicadas 9.403 y en lo que va de 2025 han reportado 5.048 hectáreas, aún lejos de la meta de 30.000 hectáreas prometidas por el gobierno.

El narcotráfico ha sido definido por el gobierno como el “combustible” de los grupos armados ilegales, a los cuales ha ofrecido sentarse a negociar la paz o someterse a la justicia, sin lograr desarmarlos aún, mientras recibe críticas de sus contradictores por los brotes de violencia en el país.

Días antes de la descertificación, la canciller colombiana Rosa Villavicencio dijo que los resultados en la lucha contra las drogas eran suficientes para certificar la cooperación, sin embargo, advirtió que a la vez era una decisión política en la que podían pesar las recientes tensiones entre Petro y Trump.

“En mi gobierno, Colombia no colabora con asesinatos”, advirtió Petro el 5 de septiembre al rechazar el letal ataque de Estados Unidos a una embarcación que había salido desde Venezuela señalada por el gobierno Trump de llevar cocaína. En el ataque murieron 11 personas a las que Estados Unidos señaló como miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.

Las tensiones entre Trump y Petro casi llegan en enero hasta la imposición de aranceles mutuos cuando Colombia se negó a recibir aviones militares con deportados asegurando que eran maltratados por estar esposados. Al final, Petro cedió a recibir a los deportados y también envió sus propios aviones por ellos.

Cuando ya parecían superadas, surgió una nueva tensión cuando Estados Unidos retiró al encargado de negocios de su embajada en Bogotá como protesta a declaraciones del mandatario colombiano sobre un supuesto intento golpista en su contra, de las que luego se retractó. El diplomático volvió pero ya para ese entonces insistió en que la relación bilateral pasaba por uno de sus momentos más tensos de las últimas décadas.

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Suárez reportó desde Bogotá.