El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho frente este martes con parte de su patrimonio al aval de 150.000 euros que le impuso el magistrado Ángel Hurtado en el auto de apertura oral que le sienta en el banquillo. Se le impuso para asegurar que puede responder, en el caso de ser condenado, a la responsabilidad civil por un delito de revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Supremo deberá ahora analizar y validar los documentos presentados, han señalado a EL PERIÓDICO fuentes del alto tribunal. En la Fiscalía confirman por su parte que la presentación del aval se realiza mientras se ultima la presentación de un recurso directo de apelación ante la Sala de lo Penal del

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