CONTINÚAN LOS ecos al informe de la Contraloría General en donde, tras un “análisis preliminar”, evidenció múltiples alertas en la Nueva EPS por cuenta de presuntas irregularidades relacionadas con el incremento de anticipos, el represamiento de facturas sin auditar, el aumento de cuentas por pagar, falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas.
Mientras el gobierno Petro insiste en que la mayoría de esas anomalías fueron cometidas en anteriores gobiernos y en pasadas administraciones de esa EPS, de la cual un 49% es propiedad del Estado y el resto de varias cajas de compensación familiar, desde la oposición advierten que la situación financiera, operativa y de calidad del servicio se deterioró gravemente a partir de que la asegurado