El Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García, anunció que se trabaja en una iniciativa de reforma legal para que los inmuebles utilizados como puntos de venta de droga, en especial aquellos rentados y convertidos en “picaderos”, puedan ser objeto de extinción de dominio y pasar a propiedad del Estado.

Durante una entrevista, el fiscal explicó que actualmente, tras los cateos y operativos en estas viviendas, los inmuebles quedan libres de responsabilidad y en poco tiempo suelen volver a ser utilizados por grupos delictivos para la venta de narcóticos.

“La intención es que si un inmueble se utiliza para la venta de droga, pueda ser inhabilitado y transferido al Estado, para evitar que nuevamente sea un punto de narcomenudeo”, puntualizó.

Alonso García destacó que la problemática se

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